Abelardo de la Espriella firma la extradición a EE. UU. de cinco exnegociadores de paz por narcotráfico y narcoterrorismo
La decisión del presidente colombiano Abelardo de la Espriella de firmar la
extradición a Estados Unidos de cinco exnegociadores de paz marca un nuevo giro en la política
contra el crimen organizado y el narcotráfico. El caso involucra a personas señaladas por delitos como
concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y
narcoterrorismo, y reabre el debate sobre los límites de participación en las mesas de diálogo y
los procesos de paz en Colombia.
Extradición a Estados Unidos de cinco exnegociadores de paz en Colombia
El Gobierno colombiano confirmó la extradición a Estados Unidos de cinco exintegrantes o
representantes vinculados a procesos de diálogo con el Estado. Según la información difundida por
La Patria, las solicitudes ya habían sido autorizadas en 2025, pero quedaron suspendidas porque los
implicados actuaban como negociadores o voceros en mesas de paz del Gobierno anterior.
Con la firma presidencial, el Ejecutivo decidió activar nuevamente los envíos judiciales. La medida busca
responder a requerimientos internacionales por delitos relacionados con el narcotráfico y otras
conductas asociadas al crimen transnacional.
Quiénes son los cinco extraditables señalados por narcotráfico
Entre los cinco extraditables figura Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, identificado como uno
de los jefes de la disidencia de las FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
(CNEB). También aparece Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, integrante del
Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).
La lista incluye además a Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, señalado como líder de las
Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN); a Gabriel Yepes Mejía,
alias “HH”, jefe de una disidencia del ELN; y a Fredy Castillo Carrillo,
alias “Pinocho”, también vinculado con las ACSN.
Delitos asociados a la extradición: narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo
Las autoridades judiciales estadounidenses requieren a los cinco hombres por diferentes cargos, entre ellos
narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos,
porte de armas y narcoterrorismo, según el caso. Estos delitos reflejan la
gravedad de los expedientes y la presunta relación de los acusados con economías ilegales y estructuras armadas
organizadas.
La extradición a Estados Unidos se convierte así en una herramienta clave para la cooperación
judicial internacional. En este contexto, el Estado colombiano refuerza su postura frente a personas capturadas o
requeridas por vínculos con el narcotráfico y otros delitos de alto impacto.
Qué pasó con “Araña”, “Mocho Olmedo”, “Muñeca”, “HH” y “Pinocho”
De los cinco requeridos, “Araña”, “Mocho Olmedo” y “Muñeca”
ya se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas. En cambio, “HH” y
“Pinocho” permanecen prófugos, por lo que serán extraditados en cuanto las autoridades logren su
captura.
Esta situación muestra que el proceso de extradición no depende solo de la autorización presidencial, sino también
de la disponibilidad física de los requeridos ante la justicia. Mientras unos ya enfrentan custodia, otros siguen
en fuga y continúan siendo buscados por organismos de seguridad.
Por qué Abelardo de la Espriella avaló la extradición de los exnegociadores
El presidente Abelardo de la Espriella explicó que las extradiciones habían sido concedidas en
2025, pero se suspendieron debido al rol que los implicados desempeñaban como representantes en procesos y mesas
de diálogo del Gobierno de Gustavo Petro. Tras revisar cada caso con la oficina encargada de los
asuntos de paz, el mandatario aseguró que no hallaron “aportes verificables ni resultados concretos”
en favor de la paz.
Con esa evaluación, el Ejecutivo concluyó que no existían razones suficientes para mantener la suspensión. Por
ello, decidió hacer efectiva la extradición a Estados Unidos y retomar los trámites judiciales
correspondientes.
Impacto político y judicial de la extradición en Colombia
La firma de estas extradiciones genera un impacto importante en la política de seguridad y en la agenda de paz en
Colombia. Por un lado, el Gobierno envía un mensaje de firmeza frente al narcotráfico y las
estructuras armadas ilegales. Por otro, el caso plantea preguntas sobre la participación de actores armados en
mesas de negociación mientras enfrentan cargos judiciales.
En términos judiciales, la decisión fortalece la cooperación con Estados Unidos y deja claro que los beneficios
derivados de procesos de diálogo no sustituyen la responsabilidad penal cuando existen pruebas o requerimientos
por delitos graves. La extradición se mantiene, así, como una herramienta central en la lucha
contra el crimen organizado.
