ANLA inicia nuevo proceso sancionatorio contra Hidroituango por presunto incumplimiento ambiental.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha abierto un procedimiento sancionatorio contra la Sociedad Hidroituango por supuestos incumplimientos de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango. Este proceso fue iniciado mediante un auto emitido el 27 de diciembre de 2024 y notificado a Empresas Públicas de Medellín (EPM) el 8 de enero de 2025.
Según la ANLA, las posibles irregularidades fueron detectadas durante una revisión de seguimiento al proyecto. Sin embargo, el monto de la sanción aún no ha sido determinado, dado que el procedimiento se encuentra en etapa inicial. Ante esta decisión, EPM anunció que tomará las acciones administrativas correspondientes para ejercer su defensa.
Antecedentes de sanciones al proyecto Hidroituango
No es la primera vez que Hidroituango enfrenta sanciones. En marzo de 2024, la ANLA confirmó en segunda instancia una multa de 1.400 millones de pesos contra la Sociedad Hidroituango. En esa ocasión, se le encontró responsable de irregularidades como la sustitución de dos puentes —»La Mona» y «El Atraso»— por estructuras tipo box culvert, sin previa autorización de la autoridad ambiental.
Además de este proceso sancionatorio, el proyecto hidroeléctrico cuenta con una licencia ambiental emitida en 2009 que ha sido objeto de 24 modificaciones para ajustarse a las fases de construcción y operación. Estas modificaciones incluyen obligaciones específicas para garantizar el cumplimiento normativo.
Otros desarrollos relacionados con Hidroituango
En otro frente, la Procuraduría General de la Nación archivó en diciembre de 2024 una investigación disciplinaria contra 24 personas vinculadas al desarrollo de Hidroituango. Este proceso, iniciado en 2018, buscaba determinar presuntas irregularidades relacionadas con modificaciones a la licencia ambiental y el manejo de la contingencia ocurrida en abril de ese año. Entre los investigados figuraban exgobernadores, alcaldes y altos directivos de EPM.
Este nuevo proceso sancionatorio subraya los retos ambientales y regulatorios que enfrenta uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes de Colombia, que sigue bajo constante escrutinio de las autoridades ambientales y de control.
