Corrupción en contratos: revelan presunto entramado y direccionamiento millonario en entidades públicas
Un trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación al descubierto una red delictiva dedicada a manipular la contratación interna de una reconocida caja de compensación familiar en el departamento de Nariño. Las irregularidades se presentaron entre octubre de 2025 y mayo de 2026, involucrando maniobras fraudulentas para adjudicar contratos millonarios a empresas preseleccionadas.
Licitaciones simuladas y el modus operandi de la red
Las labores de inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional Nariño —que incluyeron auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones telefónicas— revelaron que la organización simulo licitaciones públicas para dar una falsa apariencia de legalidad y pluralidad de oferentes.
En la práctica, los contratos ya tenían beneficiarios asignados previamente. A cambio del direccionamiento, la red exigía comisiones sobre los anticipos recibidos y aprobaba cuentas con sobrecostos desproporcionados.
Bajo esta modalidad se firmaron ocho contratos por un valor total de $9.804.893.500, desembolsando un 30 % inicial en anticipos que sumó $2.942.368.050.
Judicialización de funcionarios e implicados
La Fiscalía imputó cargos a cuatro personas involucradas en la estructura criminal, conformada por directivos, funcionarios y particulares:
- Olga Alicia Vásquez Martínez: Exsubdirectora de servicios de la entidad, señalada como la principal articuladora del direccionamiento contractual. Aceptó los cargos e irá a prisión preventiva en centro carcelario.
- Diana Marcela Salazar Quelal y Rosa Milena Lagos Medicis: Funcionarias acusadas de filtrar información privilegiada a las empresas contratistas seleccionadas.
- Edgar Alonso Insandará: Representante legal de una de las empresas favorecidas de manera ilícita con las adjudicaciones.
A los procesados no aceptantes de cargos se les dictó medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.
Delitos imputados y devolución de recursos
De acuerdo con su nivel de participación, el fiscal del caso imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.
Como resultado de la presión judicial en esta primera fase de la investigación, dos de los procesados reintegraron cerca de $1.552 millones de pesos. El ente investigador continuará con las pesquisas para establecer si existen más entidades o personas vinculadas al desfalco.
