Demandan resolución del MinSalud que fija incremento de la UPC para 2025

El Ministerio de Salud de Colombia enfrenta una nueva controversia tras la expedición de la resolución que fijó el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 5,36 % para el año 2025. La Fundación para el Estado de Derecho interpuso una demanda ante el Consejo de Estado solicitando su nulidad, argumentando que la medida fue adoptada de manera irregular y sin una justificación técnica adecuada.

¿Por qué se demandó la resolución del MinSalud?

La Fundación para el Estado de Derecho sostiene que el aumento del 5,36 % en la UPC se basó únicamente en la inflación de noviembre de 2024, sin considerar otros factores clave como la siniestralidad, la inclusión de nuevas tecnologías en salud y el rezago en el cálculo de costos.

Según la organización demandante, esta decisión afecta la sostenibilidad del sistema de salud y el acceso a servicios para millones de colombianos. Además, señala que la resolución no desglosa el valor de la UPC, lo que impide verificar si el ajuste es suficiente para cubrir los costos reales del sistema de salud.

Críticas y advertencias de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ya había señalado en enero de 2025 que el incremento de la UPC para 2024 fue insuficiente, exigiendo al Ministerio de Salud actualizar su metodología de cálculo. Sin embargo, el gobierno no ha atendido estas recomendaciones, lo que ha generado preocupación en el sector de la salud y entre expertos.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 370 del 28 de febrero de 2025, mediante la cual se estableció la creación de mesas de trabajo para revisar los recursos asignados a la UPC en los últimos años y evaluar su impacto en la atención de los afiliados.

Implicaciones de la demanda

Si la demanda es aceptada, la resolución que fija el incremento de la UPC para 2025 podría ser declarada nula, obligando al Ministerio de Salud a reformular el cálculo de los recursos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Esto podría generar nuevos debates sobre el financiamiento del sistema de salud y la viabilidad de las EPS.

Mientras tanto, gremios del sector salud y organizaciones civiles continúan presionando para que el gobierno adopte un modelo de asignación de recursos más transparente y acorde con las necesidades del sistema de salud en Colombia.

La demanda contra la resolución del MinSalud abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. Con la intervención del Consejo de Estado y la presión de la Corte Constitucional, el gobierno podría verse obligado a replantear su política de financiamiento y mejorar la metodología para determinar el valor de la UPC en los próximos años.