Departamentos acumulan deuda de $7,58 billones: Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Valle concentran mayor parte.
La Contraloría General de la República reveló que la deuda acumulada por los departamentos en Colombia asciende a $7,58 billones, con Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Valle del Cauca concentrando la mayor parte de esta obligación financiera.
Según el informe del ente de control, las ciudades capitales también registran un alto nivel de endeudamiento, alcanzando los $17,9 billones. En este contexto, Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali representan el 88,8% del total de la deuda en estas entidades territoriales.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, indicó que el comportamiento de las finanzas del Gobierno Nacional durante 2024 estuvo marcado por un menor dinamismo en los ingresos tributarios, situándose por debajo de las metas establecidas en el Presupuesto General de la Nación. Esto, sumado a un ritmo reducido en la ejecución del gasto público, ha impactado la sostenibilidad fiscal y la economía en general.
Rodríguez señaló que la ejecución presupuestal nacional alcanzó el 83,1% en 2024, con sectores estratégicos como inversión presentando una de sus cifras más bajas en la historia, con solo el 57%. Destacó también que el recaudo tributario efectivo fue de $245,37 billones, lo que representa el 85,4% de la meta ajustada, reflejando una caída de 11 puntos porcentuales en comparación con 2023.
En cuanto al endeudamiento del Gobierno Nacional Central, este alcanzó los $962,32 billones, lo que equivale al 57% del PIB, evidenciando un incremento de $136,79 billones respecto al año anterior.
Pese a este panorama, la Contraloría destacó algunos signos de recuperación económica, proyectando un crecimiento del PIB del 1,6% en 2024 y del 3,5% en 2025. Además, el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane registró un crecimiento interanual del 0,36%, impulsado principalmente por los sectores de comercio, servicios financieros e inmobiliarios.
Las cifras presentadas por la Contraloría reflejan la necesidad de ajustes en la planeación presupuestal para 2025, con el objetivo de garantizar una ejecución financiera acorde con la realidad económica del país y evitar futuros recortes en el gasto público.
