Escándalo UNGRD: Sandra Ortiz Denuncia Presiones de la Fiscalía y Señala Persecución Política en el Gobierno Petro
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del presidente Gustavo Petro, se encuentra en el centro del escándalo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) tras denunciar presiones indebidas por parte de la Fiscalía General de la Nación. En una reciente audiencia, Ortiz afirmó que fue amenazada con imputaciones y medidas de aseguramiento si no señalaba a altos funcionarios del Gobierno, revelando lo que calificó como un intento de persecución política. Este artículo ofrece un resumen SEO-optimizado con los hechos, contexto judicial y reacciones más relevantes.
Cargos contra Sandra Ortiz en el Caso UNGRD
La exconsejera Sandra Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias relacionados con presuntos sobornos dentro de la UNGRD. La Fiscalía la acusa de participar en una reunión grabada en el Palacio de Nariño, el 21 de septiembre de 2023, junto a Olmedo López y otros implicados, donde se habría acordado la entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name. Además, se investigan gestiones para direccionar un contrato de $11.000 millones en el Atlántico, hechos por los que se dictó prisión preventiva el 18 de diciembre de 2024 y fue llamada a juicio en enero de 2025.
Denuncias de Presiones de la Fiscalía
Durante su audiencia judicial en Bogotá, Ortiz declaró que fiscales la visitaron previamente y le advirtieron: “Si usted no acusa a ministros y no entrega chats, la vamos a imputar y le daremos medida de aseguramiento”. Según la versión de la exconsejera, estas presuntas presiones buscaban obtener pruebas o declaraciones en contra de ministros del Gobierno Petro. Ortiz asegura tener comunicaciones y documentos que respaldan sus señalamientos y afirmó que son parte de una estrategia de intimidación que pone en riesgo su seguridad y la de su familia.
Respuestas de la Fiscalía y Defensa de Ortiz
La Fiscalía General calificó las declaraciones de Sandra Ortiz como confusas y sin sustento probatorio. Mientras tanto, la defensa de Ortiz niega cualquier participación en actos de corrupción de la UNGRD y acusa al exdirector de la entidad, Olmedo López, de mentir para obtener beneficios judiciales. La defensa también rechazó un principio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía, al considerarlo insuficiente y sin garantías de inmunidad. Ortiz sostiene que posee información verificable sobre otros funcionarios, incluyendo aforados, como el magistrado Vladimir Fernández.
Contexto Político y Repercusiones
El caso de Sandra Ortiz ha intensificado el debate sobre posibles presiones políticas en la justicia y ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el ente acusador. Ortiz denunció haber sido víctima de filtraciones de pruebas desde agosto de 2024 y de amenazas contra su vida y la de sus hijas. Por otro lado, Laura Sarabia, directora del Dapre, presentó una denuncia contra Ortiz por injuria y calumnia. La controversia añade un nuevo capítulo al escándalo de la UNGRD, que involucra a varios exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro.
Conclusión: Entre la Justicia y la Persecución Política
El caso Sandra Ortiz y las supuestas presiones de la Fiscalía representan un punto crítico en el escándalo de la UNGRD, donde convergen acusaciones de corrupción, intereses políticos y tensiones institucionales. La polémica continúa en desarrollo, y sus próximas audiencias serán clave para determinar si las denuncias de Ortiz revelan un patrón de persecución o si responden a una estrategia judicial de defensa. En cualquier escenario, este caso se mantiene como un referente en la relación entre el poder político y la justicia en Colombia.
