La Corte Constitucional Revoca Restricciones en la Comercialización de Licores y Exige Modernización Normativa.
En una decisión histórica, la Corte Constitucional anuló la facultad de los gobernadores para imponer limitaciones en la venta de aguardiente y otros licores destilados en Colombia, obligando al Congreso a revisar y modernizar una normativa que data de hace siglos.
La sentencia, que muchos comparan con la apertura de una “Caja de Pandora” en el sector, pone en evidencia la necesidad de reformar las denominadas rentas departamentales, que han regido la producción, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas de manera obsoleta. Con este fallo, se abre el camino para que el Congreso elabore un nuevo marco regulatorio que contemple, entre otros aspectos, la unificación de los impuestos en función del nivel de alcohol, reduciendo así la discrecionalidad de los gobernadores en materia tributaria.
La medida impacta directamente a un mercado que se encuentra en plena transformación, impulsado por tratados de libre comercio y los desafíos de las licoreras departamentales. Expertos señalan que la decisión favorecerá a los consumidores, quienes podrán acceder sin restricciones a productos como “El Amarillo”, el aguardiente de la Fábrica de Licores de Caldas, ahora autorizado para su venta en todo el territorio nacional.
Asimismo, la eliminación de estas restricciones podría contribuir a combatir prácticas irregulares que han proliferado en el sector, como el contrabando y la adulteración de bebidas, actividades que según algunas estimaciones generan pérdidas fiscales de hasta $1,5 billones anuales y representan un riesgo para la recaudación tributaria y la seguridad nacional.
La actual estructura impositiva, en la que por ejemplo una botella de whisky paga el mismo impuesto que una de aguardiente, ha generado desequilibrios notables en el mercado. En la década de los 90, Colombia contaba con cerca de veinte licoreras departamentales; sin embargo, hoy en día solo operan de manera rentable unas pocas, entre las que destacan la Fábrica de Licores de Antioquia y la Industria Licorera de Caldas.
Con este fallo, la Corte Constitucional no solo impulsa una reordenación del sector, sino que también presiona al Ministerio de Hacienda y al Congreso para que definan nuevas políticas que impulsen la eficiencia fiscal y la modernización del mercado de licores. Mientras tanto, la liberación del mercado se perfila como un beneficio directo para los consumidores, quienes podrán elegir libremente el producto que deseen sin restricciones regionales.
