Santos corrige su postura sobre la JEP y pide garantizar su presupuesto hasta 2033
El expresidente Juan Manuel Santos corrigió sus declaraciones sobre la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidió asegurar su
presupuesto hasta 2033. El cambio de postura llega después de que inicialmente
cuestionara una eventual prórroga de la jurisdicción y afirmara que la JEP debía cumplir su
cometido en 2028, o incluso antes. Ahora, Santos sostiene que la JEP debe contar con los recursos
necesarios para cumplir plenamente su mandato y garantizar los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Juan Manuel Santos y su cambio de postura sobre la JEP
La corrección hecha por Juan Manuel Santos generó atención en el debate público,
porque su primera declaración parecía respaldar el fin anticipado de la JEP. Sin embargo, luego
aclaró que el tribunal necesita estabilidad institucional y financiación suficiente para completar
sus funciones con seriedad. Con este mensaje, Santos reafirmó la importancia de la Jurisdicción
Especial para la Paz como un mecanismo clave dentro del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición.
Presupuesto de la JEP hasta 2033: por qué es importante
La solicitud de garantizar el presupuesto de la JEP hasta 2033 responde a la
necesidad de asegurar su operación durante el tiempo que la ley contempla para finalizar sus
funciones. La jurisdicción tiene una vigencia inicial de diez años desde la puesta en marcha de su
Sistema Integral en marzo de 2018 y, además, cuenta con cinco años adicionales para concluir su
trabajo. Esto significa que su actividad jurisdiccional puede extenderse hasta 2033, con una
posible prórroga adicional hasta 2038.
En ese contexto, Santos insistió en que recortar recursos o limitar el funcionamiento de la JEP
podría afectar el avance de los procesos judiciales y la atención a las víctimas. Mantener el
presupuesto adecuado permite que la entidad avance en la búsqueda de la verdad, en la resolución
de casos y en el cumplimiento de las medidas de reparación y no repetición.
Proyecto de acto legislativo contra la JEP y recorte presupuestal
La petición de Santos surge en medio de un escenario político complejo. Por un lado, el partido
Salvación Nacional presentó un proyecto de acto legislativo para impedir que la JEP opere después
de marzo de 2028 y para trasladar una de sus funciones a la justicia ordinaria. Por otro lado, en
primer debate se aprobó un recorte de 170.000 millones de pesos al presupuesto de la jurisdicción,
una reducción significativa que ha despertado preocupación entre quienes defienden su continuidad.
Este debate pone en el centro la discusión sobre el alcance real de la JEP y la
necesidad de garantizar condiciones financieras estables para que pueda cumplir su mandato. La
financiación no solo afecta su capacidad operativa, sino también el ritmo de los procesos y la
confianza de las víctimas en el sistema de justicia transicional.
Los derechos de las víctimas y el papel de la JEP
Uno de los puntos más relevantes en la postura corregida de Santos es la protección de los
derechos de las víctimas. La JEP fue creada para aportar verdad sobre los hechos
del conflicto armado, ofrecer justicia en un marco de transición, promover la reparación y evitar
la repetición de los crímenes. Para lograrlo, necesita tiempo, recursos y respaldo institucional.
En consecuencia, la discusión sobre el presupuesto de la JEP y su permanencia hasta 2033 no solo
es administrativa o política, sino también humanitaria y judicial. Cualquier decisión sobre su
futuro impacta directamente en miles de víctimas que esperan respuestas concretas sobre lo
ocurrido durante el conflicto.
Conclusión
La rectificación de Juan Manuel Santos sobre la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) reabre el debate sobre su vigencia, su financiación y su papel en la garantía de
los derechos de las víctimas. Mientras sectores políticos buscan limitar su funcionamiento, Santos
ahora pide asegurar el presupuesto de la JEP hasta 2033 para que la jurisdicción
pueda cumplir plenamente su mandato. En definitiva, el futuro de la JEP depende de decisiones
legislativas y presupuestales que definirán su capacidad para aportar verdad, justicia, reparación
y no repetición.
