Congresistas Implicados en Financiación de Vías 4G en Antioquia Enfrentan Demanda Legal
La controversia sigue envolviendo el financiamiento de las vías 4G en Antioquia y ha escalado con la presentación de una demanda ante el Consejo de Estado, buscando la pérdida de investidura de varios congresistas. Este movimiento legal, efectuado el Lunes de Pascua, destaca la tensión entre la acción de los legisladores y las normativas constitucionales, provocando una enérgica defensa por parte del Centro Democrático, afiliación predominante de los acusados.
Entre los legisladores en la mira se encuentran Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío, y Julián Peinado. Según la acusación formulada por el abogado Carlos Mario Patiño, estos habrían infringido las normas de inhabilidades e incompatibilidades constitucionales al contribuir a la financiación colectiva organizada por la Gobernación de Antioquia, dirigida por Andrés Julián Rendón.
El partido Centro Democrático alega que las acusaciones carecen de fundamento legal, destacando que las contribuciones no encierran un acto reprobable ni ética ni moralmente, y fueron entregadas de manera altruista, sin buscar beneficio propio.
“Los adversarios de la civismo y la colecta para las vías vuelven a atacar, esta vez contra la generosidad de nuestros congresistas. La demanda no tiene base jurídica alguna. Primero, no existe conducta alguna reprobable en la donación; y segundo, la contribución es altruista, no generando ningún beneficio para los que decidieron apoyar esta noble causa por Antioquia y el país. La colecta sigue adelante sin detenerse”, destacó el comunicado del Centro Democrático.
Por otro lado, el abogado Patiño insiste en que las donaciones de los congresistas se traducen en contratos con una entidad estatal, contraviniendo así el régimen de inhabilidades e incompatibilidades constitucionales. El decreto emitido por la Gobernación de Antioquia, según Patiño, clasifica estas donaciones como contratos estatales, poniendo en riesgo la posición de los congresistas implicados.
La documentación presentada, que abarca catorce páginas, detalla las contribuciones voluntarias hechas por los ocho congresistas, basándose en los recibos de consignación difundidos en sus redes sociales. Estas transacciones, donde cada uno aportó un millón de pesos o más, son vistas por el demandante como una infracción al marco legal vigente, lo que podría resultar en la pérdida de investidura de los implicados.
El debate se centra en el artículo 180, numeral 2 de la Constitución Política, que regula la gestión de asuntos ante entidades públicas y la celebración de contratos, con sus respectivas excepciones legales.
“Los congresistas que he demandado, a mi juicio, incurrieron en esta prohibición, ya que el contrato de ‘donación entre vivos’ es un acuerdo cuyo receptor es el departamento de Antioquia, como lo establece el decreto 2024070001536″, explicó Patiño en X.
El objetivo de la demanda es que se declare la pérdida de investidura de los legisladores. Aunque el proceso legal promete ser prolongado, dado el respaldo financiero y legal de los congresistas, Patiño enfatiza que no pueden alegar ignorancia frente a una posible violación al régimen de inhabilidades y compatibilidades.
“No podrán decir que lo hicieron sin culpa porque, de cualquier forma, tienen las condiciones para saber si había una violación al régimen de inhabilidades y compatibilidades, como me parece a mí que la hay”, comentó Carlos Mario Patiño a la revista Semana.
